Enrique Javier Díez Gutiérrez me envía este correo.

 Ha salido ya el decreto 3+2:

El acceso a la formación superior con el decreto 3+2 supondrá costes inasumibles para la inmensa mayoría de las familias ante el elevado coste de los masters. Este decreto tendrá como consecuencia además la eliminación de carreras, la devaluación del título de grado y el despido de profesorado universitario.
El decreto por el que se modifican los decretos de ordenación de las enseñanzas universitarias y de las enseñanzas oficiales de doctorado, que permitirá a las universidades implantar carreras de 3+2, tres años de grado y dos de máster (el sistema actual es de cuatro años más uno de máster, 4+1), sale adelante por el empecinamiento del ministro Wert, pese al varapalo que el Consejo de Estado le ha dado y pese a la manifiesta oposición de la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) y sin debate con la comunidad universitaria, sin debate político ni social, sin una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa de los nuevos grados y sin una justificación creíble de sus propuestas.
Este decreto, que nos retrotrae a la anterior estructura de Diplomatura-Licenciatura (3+2, con titulación intermedia de diplomatura), supone decretar el fracaso del 4+1 (o 4+2), sin ningún tipo de evaluación diagnóstica sobre los resultados y rendimiento del sistema 4+1 [cuatro años de grado y uno de máster], como denuncia el Consejo de Estado y el propio ministerio indicaba en su expediente.
El problema de fondo es que el cambio de Licenciaturas en Grado+Máster (4+1) con el Plan Bolonia, lo único que supuso en la práctica fue una excusa para aumentar brutalmente las tasas del 5º curso de licenciatura. Ahora se quiere profundizar aún más con el modelo 3+2, dadas las elevadas tasas que tienen los Masters en España.
Con este decreto los Grados pasan a tener un carácter “básico” y “generalista”, como explica el mismo decreto. Es decir, que no serán suficientes para adquirir la cualificación imprescindible para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral de la abogacía, el periodismo, la ingeniería, etc. Para obtener esa cualificación “especializada” –según el texto del decreto- será necesario cursar un máster que pasará de la duración actual de un año a dos años, lo cual hará que se duplique su precio. Si actualmente los masters de un año oscilan entre 2.700 y 7.000 euros anuales, con el nuevo decreto tendrán que afrontar el pago de dos años de máster que supondrá entre 5.400 y 14.000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido con suficiente prestigio para acceder al mercado laboral en condiciones de menor precariedad y temporalidad. Así está claro que será tan sólo una minoría privilegiada quien pueda costearse los estudios universitarios.
En definitiva, lo que pretende el PP con este RD es establecer un corte selectivo en la educación superior, recortando su acceso mayoritario de 5 a 3 años. Quitará así valor a los títulos de grado universitarios, los más accesibles, condenando a los y las jóvenes a la precariedad en un mercado laboral cada vez más competitivo. Esta reducción supondrá recortar la financiación pública: si antes se financiaban públicamente los 5 años de las licenciaturas, ahora sólo serán los 3 años de grados, trasvasando a las familias el coste global de los Máster y beneficiando a las universidades privadas, que apuestan por los posgrados como su principal ámbito de actividad.
Por lo que una vuelta al 3+2 (que nos homologaría con la mayoría de los países europeos), debería suponer la vuelta inmediata de las tasas de los Masters al valor de las tasas de las antiguas Licenciaturas –mientras conseguimos avanzar hacia la gratuidad de la Universidad, priorizándola en los Grados.
Pero esto no será posible sin cambiar las políticas de recortes en Educación Superior que viene aplicando el bipartidismo. La sangría que desde 2010 sufren las universidades públicas en sus presupuestos ha hecho retroceder su nivel de gasto casi una década. Les han recortado a los campus universitarios 1.523 millones en los últimos 4 años: en profesorado y personal (un 31,8%), en infraestructuras, equipamientos e investigación (un 56%). El gasto medio por alumno ha bajado un 16,48 % (25,2 % aplicada la inflación). El único capitulo que aumenta son las tasas que irán a cargo de las familias. Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias.
Cuando en los países de nuestro entorno están optando por una política tan distinta: financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. En los países nórdicos los estudios universitarios son gratuitos; en Austria o Escocia la matrícula es gratuita; la matrícula requiere tan sólo el pago de una tasa fija (300€ por año en Alemania, 183€ en Francia, por ejemplo). Este es el modelo mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
Tanto la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) como el Consejo de Estado rechazan y cuestionan este Real Decreto. El Consejo subraya además que parece difícil alcanzar la homogeneización, argumento del Ministerio para este decreto, cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra. Que llevarán a la competitividad y desigualdades entre universidades de la que ya están alertando algunas Comunidades Autónomas.
Además esta reforma tendrá también efectos devastadores entre el profesorado. Si con el reciente incremento de un 66% en las tasas, la reducción de la cuantía de las becas y el endurecimiento de los requisitos para lograrlas, ha supuesto la expulsión de 45.000 estudiantes de la Universidad por no tener dinero, con este decreto se expulsará a muchos más estudiantes (actualmente del 1,4 millones del total de estudiantes universitarios, sólo son en torno a 100.000 son los que pueden estudiar un máster). Lo cual supondrá a su vez la expulsión masiva de profesorado universitario, cuando se suprima un curso entero en los grados.
En definitiva estamos ante un decreto que forma parte de un paquete de reformas, que se convertirán en una “reforma encubierta” del sistema universitario, tras el incremento de las tasas que pagan los y las universitarias vía Real Decreto-Ley, y la imposición de tres nuevos Reales Decretos que pretenden la reforma del sistema universitario y que suponen la modificación no sólo de la ordenación de las enseñanzas universitarias (cambio del 4+1 al 3+2), los requisitos para la creación de centros universitarios que facilita abrir nuevas universidades privadas sin las condiciones mínimas y el sistema de acreditación del profesorado universitario, que dejará la docencia en segundo plano y potenciará el nepotismo en la selección de los y las docentes universitarios.