EL PAIS. 12/03/2014 OPINION

Transparencia y evaluación en política

Los autores del estudio sobre la 'Agenda de la política educativa a Catalunya' dan respuesta a lo que consideran "interpretaciones sesgadas" de este

XAVIER BONAL / ANTONI VERGER PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA DE LA UAB

Ante las críticas de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, a nuestro estudio sobre la Agenda de la política educativa a Catalunya,nos sentimos en la obligación de dar respuesta a algunas de las interpretaciones (estas sí sesgadas) que se han realizado sobre este trabajo encargado por la Fundació Jaume Bofill. Llama la atención que no se cuestione ni uno sólo de los muchos datos que aparecen en el estudio, y que las múltiples descalificaciones al mismo sean, o bien afirmaciones que se nos atribuyen pero que no están en el estudio, o simples contraargumentos basados en un posicionamiento político determinado. Respecto a las falsas atribuciones, quizá la más grave sea la de asegurar que nuestro estudio afirma que “se ha recortado más de lo necesario” o que “el departamento no invierta todos los recursos disponibles”. Nada falta más a la verdad. Lo que nuestro trabajo demuestra con datos es que la Generalitat ha recortado más en educación que en otros sectores y que ello sitúa a Catalunya en el grupo de países que más ha reducido el gasto en este área. Nuestro trabajo expone todos los argumentos referidos al contexto de crisis y los condicionantes estatales que imponen límites claros de gasto de las Autonomías, con lo que tampoco es nada convincente el argumento de nuestra insensibilidad con las circunstancias del momento o las exigencias de Madrid. Lo que nuestro trabajo demuestra con datos es que la Generalitat ha recortado más en educación que en otros sectores Respecto a cómo se ha recortado, lo que nuestro estudio analiza es si existen unas opciones políticas determinadas en las decisiones adoptadas. Es cierto que el gasto público educativo es cautivo —casi un 80% son salarios—, como también lo es que la sexta hora se ha mantenido en más de 400 centros, o que la LEC fue aprobada por el Gobierno tripartito y que empezó a desplegarse en el mandato anterior. Pero igual de cierto es que todos estos argumentos, señalados como “graves omisiones” por la consejera aparecen en nuestro estudio. Lo que en él se destaca, una vez más con cifras, es la poca sensibilidad del gasto educativo con los sectores más vulnerables en aspectos como las becas de comedor o la educación infantil, o que el gasto público por alumno se ha reducido el doble en el sector público que en el concertado. Este argumento no cuestiona en absoluto la función de interés público que cumplen numerosas escuelas concertadas. Lo que subrayamos es que detrás de recortar más en la pública que en la concertada hay una opción política. Y que si esta decisión es una respuesta al comportamiento de la demanda, esto también se trata de una opción política, y no de una medida “inevitable de planificación” como se pretende argumentar. Atribuirnos el deseo de regresar a un modelo de escuela única por destacar estas diferencias se descalifica por sí sólo. Y no digamos ya afirmar que nuestro estudio “cuestiona la labor del profesorado”. No cuestionamos en absoluto la legitimidad política de las medidas adoptadas. Pero ésta no está reñida con que los poderes públicos estén sujetos a evaluaciones externas. En educación, dicho ejercicio de transparencia es especialmente relevante, porque la resistencia manifiesta de Enseñanza a que se revise su política se contradice con la rendición de cuentas que éste exige a los centros escolares y profesores. Para ello es necesario que los datos estén a disposición de los investigadores. No nos referimos aquí a las estadísticas básicas del sistema, sino a datos fundamentales para poder evaluar políticas. La labor de investigación es casi detectivesca cuando los datos no existen ni se les espera, o cuando existen, pero no se quieren dar. El mejor síntoma de transparencia y el mejor modo de impulsar la llamada cultura de la evaluación pasa, precisamente, porque las administraciones públicas aseguren los mecanismos que faciliten que las decisiones políticas puedan ser evaluadas.