dilluns, 25 de març del 2013



Constitución de la plataforma progresista “Por otra política educativa”
El 14 de marzo de 2013 el Foro de Sevilla convocó a partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales a dos mesas redondas con el objeto de analizar la política educativa que el Gobierno del Partido Popular propone en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad del Sistema Educativo (LOMCE). Esta convocatoria pretende ser una llamada para constituir una plataforma progresista con capacidad de presentar y avanzar propuestas hacia una política educativa sustentada en los principios de democracia, justicia social e igualdad.
Las fuerzas de izquierdas y los agentes educativos debemos vertebrar acuerdos y compartir iniciativas que se opongan a la LOMCE, con el compromiso hacia una política educativa que capacite a todas las personas en igualdad de condiciones. La realización de esta finalidad en una sociedad con importantes desigualdades exige compensar a quienes tienen más necesidades y rechazar las políticas que sustenten y favorezcan a quienes sean  privilegiados.
Las mesas redondas se desarrollaron en torno a dos temas:
1.- Análisis de la situación educativa actual en España en el marco de la crisis económica y las propuestas de reforma. Señalar las líneas rojas que no pueden sobrepasarse en una política para una educación justa, moderna y democrática.

El proyecto de LOMCE es una reforma que se ya se está experimentando en las Comunidades gobernadas por el PP y cuyos resultados están mostrando el descenso en los últimos años del nivel educativo del alumnado de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, la región donde más ha retrocedido la escuela pública y dónde han caído de forma notoria los indicadores de calidad del sistema público: de escolarización; rendimiento académico del alumnado; la inversión, la supresión de las políticas socioeducativas (comedores, becas, transporte, apoyos escolares, servicio de biblioteca, etc.).
Los recortes realizados son una muestra más de las propuestas que van en contra de la calidad y de la valoración del profesorado. Los y las docentes han visto reducido sustancialmente sus salarios y sus derechos sociolaborales; ha aumentado su jornada de trabajo con más alumnos/as por aula y menos recursos humanos y materiales para el apoyo del trabajo cotidiano.  En muchas Comunidades se han suprimido los  Centros de Formación del Profesorado, obstaculizando, cuando no impidiendo, su formación continua que pasa a depender de su capacidad adquisitiva.
 Se promueve la privatización, con un retroceso de la presencia del Estado y la entrada de empresas sociales acompañadas de la presión de los lobbies que ven en la educación y otros servicios sociales la oportunidad de un gran negocio. Es un avance del capitalismo sobre el estado de bienestar que ya está funcionando en países como Estados Unidos, Suecia o Reino Unido.
Aunque el proyecto de ley vaya por su tercera versión, los cambios son pocos, no muy importantes y en algunos casos ficticios. Hay un cambio de apariencia en el preámbulo, en el que se usa un lenguaje confuso que no se corresponde con las formulaciones normativas. En el articulado solo hay un cambio positivo hacia la continuidad de la Formación Profesional Básica y un retroceso de calado, de un fuerte carácter ideológico, al incluir la religión como una asignatura evaluable, eliminar la asignatura de Educación para la ciudadanía e incluir la libertad de creación de centros.
La LOMCE impone un cambio del modelo social de educación personalizado e inclusivo, para todo el alumnado en igualdad de condiciones, promoviendo, por el contrario, la excelencia, la exclusión y la segregación. Para ello utilizan los recortes que significan menos oportunidades para los que tienen más dificultades y la creación de itinerarios para segregar.
Se promueve una cultura escolar que responde a los intereses del mercado suprimiendo asignaturas y materias básicas para la formación integral de las personas y distinguiendo la educación entre la vía académica de la aplicada, lo que nos devuelve a la formación profesional devaluada en su estatus y en sus contenidos, subordinándolos a los de la vía profesional. Hay un retorno a la pedagogía tradicional más rancia, más centralizada, con evaluaciones externas que marcan lo que hay que enseñar y un aumento del porcentaje de contenidos impuestos y la ausencia de políticas de formación del profesorado. No sirven las buenas prácticas y experiencias innovadoras de otras países en lo que hace referencia a la autonomía pedagógica y flexibilización del currículum.
Además la elección de los centros, mediada por los ranking establecidos por las evaluaciones externas y las posibilidades de especialización significará una competencia entre los centros y la creación de centros de distintas categorías, cuando cabe esperar en buena lógica la cooperación entre ellos.
Debe defenderse una educación laica que promueva la libertad de conciencia y elimine del currículum toda doctrina que limite el desarrollo de la autonomía y forme a ciudadanos y ciudadanas con la capacidad de elegir.
La futura LOMCE será una ley retrógrada que ahondará en el fracaso escolar. Sus señas de identidad más significativas son la segregación desde edad temprana, con la consecuente segregación social en el centro y entre centros; aumento de las pruebas de selección; eleva la catequesis de religión católica a estatus de asignatura evaluable y computable a efectos de cálculo de nota media; organiza los itinerarios en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) con una notable reducción de docentes y recursos materiales, con un currículo restringido y una metodología rígida. Unos itinerarios marcados por la condición social de los alumnos y alumnas; crea una Formación Profesional Básica (otro itinerario más) que será la puerta de salida a la calle para muchos jóvenes. Favorece la enseñanza privada, blinda los conciertos y equipara la libertad de elección a la libertad de selección y da cobertura legal a los centros que discriminan al alumnado por razón del sexo. Expulsa a las familias de la organización escolar, relegándolas a simples espectadores. Se produce una quiebra del sistema educativo desde la perspectiva territorial. Convierte el derecho a la educación en un beneficio, que se puede tener o no. La LOMCE tiene elementos inconstitucionales e incumple leyes como la de Igualdad.  
2.- Desde la posición institucional y la visión de la educación de cada uno y cada una, reflexionar y proponer los puntos mínimos y prioritarios para un proyecto que nos embarque a las fuerzas progresistas en una misma dirección.
El éxito escolar de todos/as los/as estudiantes debe estar en el centro de las prioridades del sistema educativo, su atención personalizada, su inclusión, su éxito y la lucha contra el fracaso escolar. Para ello es necesaria la flexibilidad del currículum, la mejora cultural como objetivo común y la lucha porque ningún alumno o alumna se queden atrás. Es de vital importancia potenciar la participación de la sociedad. Invertir en mejorar y ampliar las infraestructuras y servicios educativos.  Mejorar y ampliar las políticas socioeducativas destinadas a los estudiantes de familias desfavorecidas. Integrar las TIC en el sistema educativo. Eliminar la catequesis de religión católica del currículo. Dar un enfoque acertado al bilingüismo.
Volver a una escuela democrática, donde se trabaje desde los centros con la participación de la comunidad escolar y autonomía pedagógica. Devolver la confianza al profesorado y valorar la enseñanza. Los directores no pueden ser seleccionados por la Administración y no deben tener la posibilidad de seleccionar al profesorado. La micropolítica de los centros, las buenas prácticas y la acción de la comunidad educativa es la que mejora la calidad de la educación. Para ello la Administración debe proporcionar los recursos materiales y humanos necesarios y contar con el apoyo de toda la sociedad.
No es posible un pacto educativo con el gobierno del PP porque hay principios que son contrarios ideológicamente a una escuela pública, compensadora y laica. En los pactos llevados a cabo hasta ahora sólo se han hecho cesiones por parte de las políticas de izquierda. en cuanto a la privatización,  frente al derecho a la educación, la religión y la segregación
La escuela pública no debe tener carácter subsidiario con respecto a la concertada, hay que estudiar mecanismos de integración en la red pública y establecer sistemas de escolarización que impidan la selección del alumnado en centros concertados. Es inaceptable la concesión a la segregación por sexos para complacer ideologías retrógradas. También hay que establecer mapas de escolarización que no clasifiquen al alumnado por zonas escolares de diferente categoría.
La formación inicial del profesorado merece una especial atención. Destacando la necesidad de mejorar sustancialmente la formación inicial y continua de los docentes. Mejorar sus condiciones laborales y salariales. Mejorar y ampliar su derecho a la formación continua. Los docentes reciben elogios, y la cursilería de los discursos que exaltan su “abnegado”, trabajo se viste con leyes y normativas sobre la “autoridad del profesorado”, de contenido represor, que son un insulto contra las personas que desarrollan su trabajo con esfuerzo, que realizan prácticas de innovación en una actividad tan compleja como es la educación.
Es muy importante la unidad de la comunidad educativa de izquierda contra el borrador de la LOMCE. Hay que unificar criterios sobre qué es y cómo se defiende la escuela pública.  Se necesita un pacto social por la escuela pública. Un compromiso social y político de la izquierda por la escuela pública, inclusiva, laica, universal, gratuita y participativa. Una escuela de todos/as y para todos/as.  Necesitamos trabajar en todo aquello que nos une (unidad de acción) y plasmarlo en una campaña unitaria, que reivindique, en positivo, la escuela pública para que no se vuelva a cerrar un aula. Hay que promover campañas estatales reivindicando lo público como elemento de calidad y garantía de igualdad de oportunidades y de equidad. Tenemos el ineludible compromiso de reflexionar sobre todo aquello que NO hemos hecho para mejorar la imagen de la escuela pública. Hay que reflexionar sobre la importancia que tiene la difusión de la innovación de las buenas prácticas.
Esta en juego el desmantelamiento de la escuela pública y la caída de los indicadores de escolarización en toda España. La LOMCE es un proyecto contrario a una sociedad en la que se profundice el sentido de la democracia, pensada más para la desvertebración social, que entiende la educación como un camino hacia la exclusión. Con la LOMCE la educación deja de ser un factor de movilidad social y de progreso.

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