Desde la pedagogía crítica, la escuela pública es la única capaz de promover un modelo educativo plural, laico, gratuito, inclusivo, democrático y comprensivo. Como bien afirma la filósofa Hannah Arendt, necesitamos la capacidad de juzgar, porque sin esa posibilidad no recuperaremos las palabras que tienen significado, ni construiremos un lenguaje que transforme nuestra visión de nosotros mismos y de nuestra relación con los demás.

La pedagogía crítica ha sido marginada en tiempos dominados por el positivismo y la racionalidad técnica y neoliberal. Sin embargo, es esencial reabrir espacios de debate ideológicos, donde los problemas sociales no sean vistos como hechos aislados, sino como expresiones de la lucha por el poder entre diferentes grupos. Aquí no valen respuestas preestablecidas, sino una postura problematizadora que cuestione las injusticias sociales.

Un contexto político tenso

En España, actualmente trece de las diecisiete comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular, y seis de ellas cuentan con el apoyo de VOX. Si bien algunos expertos argumentan que la ultraderecha se ha moderado en los últimos años, el conservadurismo tradicional parece haber endurecido su discurso. La sociedad, impactada por la crisis económica de Lehman Brothers, la pandemia del COVID-19 y los conflictos bélicos, ha visto cómo se incrementaba la riqueza de las élites, mientras una gran parte de la población caía en la precariedad. Al mismo tiempo ha aumentado la presencia de los discursos críticos que muestran una mayor preocupación.

En cuanto a los fascismos, son diferentes los tradicionales y los actuales, los primeros presentaban la regeneración de la nación, con una comunidad étnica y racial homogénea; también con violencia política, anticomunismo militante y la destrucción de la democracia; sin embargo, el posfascismo actual busca la pureza étnica y moral, oponiéndose a la inmigración, al feminismo, al activismo LGTBQI y al islamismo. Y por desgracia, este movimiento conecta con las preocupaciones de las clases populares, afectadas por la inseguridad laboral y el miedo a perder su estatus social.

Políticas y prácticas educativas bajo amenaza

Desde finales de los años 90, la OCDE impulsa una modernización del sistema educativo con una forma de “gobernanza” centrada en la autonomía regulada, la rendición de cuentas, técnicas de gestión del sector privado y la libertad de elección escolar. Estas políticas, lejos de mejorar la calidad de la educación, han fomentado sistemas de evaluación competitivos, un nuevo colonialismo de la agenda global y una educación vocacional para el trabajo.

Hemos pasado de una época en la que los Organismos Internacionales financiaban la educación pública, a una posterior en la que corporaciones nacionales, internacionales y gobiernos de países centrales impulsan la privatización de la educación. En España, son los propios gobiernos los que han adoptado políticas que van en contra de un sistema educativo realmente democrático, debilitando el derecho universal a la educación.

Uno de los problemas más graves es la estratificación del alumnado, que ha derivado en una creciente segregación escolar. En las últimas cuatro décadas, este fenómeno ha sido impulsado por un modelo cultural e ideológico competitivo, que refleja lo peor del liberalismo económico: el éxito de unos a costa del fracaso de otros y la reclasificación de las clases sociales.

España ocupa el tercer lugar en privatización educativa en Europa y es el tercer país con más colegios gueto entre 64 naciones. Una de las razones es el bajo cuestionamiento por las familias de la libertad de elección de centro, la selección buscada por los centros educativos concertados y la connivencia de la iglesia católica, defensora de las privatizaciones más que del bien común (que controla el 64% de los colegios concertados). La libertad de elección, cuando se observa su aplicación, no opera en igualdad de condiciones, y contribuye a una selección por nivel socioeconómico. En los colegios públicos, el 93% del alumnado proviene de entornos medios y desfavorecidos, mientras los centros privados atienden al 65% de estudiantes de familias acomodadas.

Hacia una educación pública democrática, inclusiva y justa

La educación ha sido una de las principales víctimas de las crisis, sufriendo una desinversión que ha generado una creciente desigualdad en detrimento de la escuela pública. Mientras la baja natalidad debería haber servido para mejorar las ratios y aumentar el profesorado, lo que ocurre es lo contrario: se cierran unidades en los centros públicos, pero crecen las plazas en los colegios concertados, favoreciendo la privatización, que ya se extiende incluso a niveles educativos no obligatorios.

La escuela pública es el espacio clave para desarrollar una educación democrática, siempre y cuando asegure la pluralidad de centros heterogéneos, para que todas las personas puedan acceder, progresar y beneficiarse de la educación. Sin un sistema educativo público, es mucho más probable que la democracia, en un contexto de libre mercado, termine generando una educación estratificada, limitando así la movilidad social y las oportunidades para la mayoría.

El derecho universal a la educación es el único camino para contrarrestar la dominación del capital y el servilismo del trabajo. Para ello, es imprescindible fortalecer la escuela pública, garantizando que sea accesible, plural y gratuita desde la infancia hasta los 18 años. Esto implica aumentar la inversión en educación, reducir las ratios de alumnado por clase y apostar por una Formación Profesional y una Educación Infantil pública de calidad. Esto supone la supresión progresiva de conciertos privados, a través de la integración negociada y voluntaria.

Es fundamental generar un modelo de desarrollo económico y social que ponga la justicia social y la inclusión en el centro, con la educación como prioridad. Si no se refuerza la base económica de la sociedad, no se podrá aumentar el PIB. España es uno de los países europeos que menos invierte en educación, destinando solo un 4,89% del PIB en 2021, último año del que se ofrecen cifras. En la última década, el porcentaje del PIB invertido en educación prácticamente ha quedado congelado. Es necesario elevar esa inversión hasta el 7%, como lo hacen los países europeos más avanzados y equitativos, que cuentan con los mejores sistemas educativos.

Además, es urgente avanzar hacia una educación laica, que respete la libertad de conciencia y elimine cualquier doctrina confesional en la escuela. Por lo tanto, ninguna religión ni simbología religiosa formará parte del currículo ni del horario lectivo. Para ello resulta imprescindible derogar los acuerdos del concordato de 1979 con la jerarquía católica y los acuerdos con otras religiones de 1992.

La educación debe promover la igualdad, la equidad y la justicia social, evitando cualquier forma de discriminación, ya sea por razones sociales, económicas, étnicas, culturales, religiosas, ideológicas, de orientación sexual o capacidad. Además, es esencial incorporar la coeducación, abordar la violencia sexual y aplicar una perspectiva feminista para avanzar hacia una igualdad real entre hombres y mujeres.

La educación como política sociocultural y proyecto colectivo

La educación debe ser una política sociocultural, no un mero entrenamiento para el mercado laboral. Necesitamos una cultura reflexiva que fomente el pensamiento crítico y creativo, donde los estudiantes no solo memoricen información, sino que desarrollen la capacidad de formular buenas preguntas y encontrar sentido a sus acciones.

Es crucial cambiar conceptos clave en la educación. No podemos reducir el pensamiento a simples competencias, la política a gestión, ni la educación a un entrenamiento. La transmisión de conocimiento debe fortalecer el pensamiento crítico y no limitarse a aceptar convenciones. Necesitamos una cultura educativa reflexiva, transformadora y, con sentido, donde el saber no sea una posesión, sino una fórmula de cuestionamiento a la vez que de información. Hoy en día, las competencias educativas que imponen los currículos están orientadas principalmente al mercado laboral, fomentando la homogeneidad y la competitividad, una competencia para el adiestramiento. No podemos olvidar que el conocimiento es mucho más amplio y necesita reflexión y servirse de las humanidades.

Los centros educativos deben estar en conexión con la vida real del contexto cercano en el que estén ubicados, así como con los desafíos vitales, ecológicos y sociales, que les rodean y afectan. La escuela no puede vivir de espaldas a la sociedad; debe formar a ciudadanos y ciudadanas que participen activamente en la mejora de su comunidad.

La educación no es simplemente acumular información o interpretar datos; debe ser capaz de cambiar nuestros marcos de pensamiento y promover un conocimiento creativo. Las nuevas generaciones deben desarrollar un pensamiento crítico y aprender a hacer buenas preguntas, más allá de memorizar respuestas. El humanismo no se construye con más conocimiento, más técnica, más verdad, sino buscando sentido a nuestras acciones.

La escuela pública es un proyecto colectivo que debe estar conectado con los problemas y desafíos de la sociedad. La formación ética y ciudadana se debe basar en la cooperación y en las relaciones interpersonales. En un mundo regido por el nuevo capitalismo, aprender a vivir juntos no es algo natural, sino una aspiración que debe ser construida socialmente.

En la ideología neoliberal, la educación desprecia a la crítica, las palabras se reducen a datos y la ciencia se confunde con la pseudociencia. Es urgente una renovación pedagógica que forme una ciudadanía informada y críticamente comprometida. La escuela debe ser un espacio donde se cuestione, se desafíe y se reflexione colectivamente, asumiendo la responsabilidad política y social que ello implica.

En definitiva, la escuela pública es un pilar fundamental para la democracia. Sin un sistema educativo público y robusto, corremos el riesgo de perpetuar una sociedad estratificada y desigual, donde las oportunidades de movilidad social sean limitadas. Una nueva educación es urgente y debe estar centrada en la formación de una ciudadanía crítica y responsable, que participe activamente en la construcción de un mundo más equitativo.