Mejorar la educación pública en la nueva legislatura
Desde el colectivo “ Por otra política educativa. Foro de Sevilla ”, valoramos positivamente que se alcanza un acuerdo entre fuerzas progresistas (PSOE y SUMAR) para formar nuevo gobierno, y que se recojan medidas para una legislatura de avance social y democrático. Sin embargo, mostramos nuestras preocupaciones sobre el apartado “La educación pública y de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades”.
A nuestro juicio, las medidas contempladas en este apartado no suponen un avance en las funciones transformadoras y de promoción de la justicia social que debe asumir un sistema educativo equitativo. Muy al contrario, nos preocupa que permitamos retroceder en la concepción y significado del derecho a una educación pública, laica e inclusiva, garantizada directamente por el Estado.
Nuestras reservas se refieren a sus posibles consecuencias en torno a:
1. El retroceso de la educación pública: Echamos en falta que se avance hacia la supresión progresiva de conciertos educativos (el mayor factor de segregación educativa de este país), en lugar de financiar, con más dinero público todavía, de todos y de todas, a los centros privados para que ‘segreguen algo menos’. Por el contrario, proponemos impulsar un cuerpo de inspección (como se ha hecho en Trabajo) que vele por el cumplimiento de la ley e impida que estos centros deriven al alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas (el 82% está escolarizado en la escuela pública).
2. La financiación insuficiente y escasa: El acuerdo firmado apuesta por financiar la educación pública hasta lograr el 5% del PIB. En consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales debemos fijar como objetivo el 7% del PIB, tal como ya contemplan países como Noruega, Suecia, Islandia…
3. El posible aumento de la privatización de la educación infantil: Se manifiesta el propósito de “universalizar la educación de 0 a 3 años”. Estando de acuerdo, creemos que esta universalización debería garantizarse en la red pública.
Hasta el momento, el desarrollo de este enunciado ha significado en las Comunidades Autónomas regidas por la derecha y la ultraderecha el aumento exponencial de la privatización de la educación infantil, a pesar de que ya se especificaba que esta financiación iría solo a la escuela pública. Mientras que la financiación en educación concertada ha aumentado un 25% en la última década, la inversión en la pública ha quedado estancada. Se están cerrando aulas en la red pública; Actualmente existen casi 3.500 grupos menos en la pública, mientras que solo se han suprimido 72 en la privada concertada.
4. La ausencia de “no rotundo” a la educación confesional: Todos los partidos políticos del reciente gobierno de coalición firmaron en sede parlamentaria la derogación de los acuerdos con el Vaticano. Lo razonable sería avanzar mucho más y hacer realmente posibles postulados como “promoveremos el laicismo” y una “educación basada en la tolerancia y el laicismo”.
¿Cómo se promoverá una educación basada en el laicismo si se mantiene la religión? Esto no es posible si se sigue pagando con dinero público, de nuestros impuestos, más de 300 millones de euros al año; si los contenidos curriculares los definen la jerarquía eclesiástica y catequistas designadas por la propia iglesia; y si estos profesionales ejercen como docentes, sin pasar por un proceso público y común de selección (la oposición a cuerpos docentes) y recibiendo igual salario que el resto.
No podemos seguir manteniendo la religión confesional en la escuela y en las Facultades de Educación de todo en un Estado que supuestamente se declara aconfesional. Apoyamos, por supuesto, que la nota de religión no cuente para la evaluación final del alumno, algo ya establecido en la LOMLOE.
5. El impulso a la FP Dual privatizadora y la explotación laboral low cost: Diez años después de la implantación de este modelo dual apenas ha alcanzado al 5% del alumnado total matriculado en FP. Además, el porcentaje que cursa esta modalidad con contrato es insignificante. Y, por si fuera poco, en su práctica totalidad nutre de personal becario-precario a empresas que lo utilizan sin relación laboral, en un espacio que está fuera del control de la inspección y del amparo de la representación sindical. Es necesario evitar que se convierta en una tierra de nadie, perfecta para la explotación en el trabajo.
6. La financiación de la industria editorial de los libros de texto: El programa de gratuidad de los libros de texto significa de hecho plegarse a la industria editorial y socavar la capacidad y profesionalidad del profesorado para construir democrática y participativamente el currículum, frenando iniciativas educativas tan potentes como las cooperativas de material que se organizan y proliferan en muchos centros escolares.
7. Las ratios escolares: La LOMLOE fue una oportunidad perdida para establecer por ley una bajada de ratios, quedando como mera recomendación a las CCAA que lo harían si así lo consideraron. Nos preguntamos ¿Con qué financiación se hará, si solo llegaremos al 5% del PIB? ¿Cómo se va a duplicar el número de profesorado necesario para esa bajada de ratios? ¿Y las instalaciones, cómo se van a adaptar y ampliar para hacerlo viable? ¿Cómo se podrá poner en práctica real una educación inclusiva con las ratios actuales?
En síntesis, las medidas de financiación complementaria a la enseñanza concertada para que cumpla lo que ya está establecido en las leyes van en la dirección de mercantilización de un derecho básico, que debería ser de igual calidad para toda la ciudadanía. La anunciada financiación del 5% es un acuerdo ya planteado en la LOMLOE, no supone avance y es claramente insuficiente, así como las timoratas referencias que se hacen a la laicidad de la enseñanza, la reducción de ratios y, de nuevo, su insistencia en los libros de texto como material escolar de referencia.
Como profesionales de la educación, miembros de la comunidad educativa, docentes y formadores de futuros profesionales de la educación, necesitamos un acuerdo que avance en lo sustancial (educación pública, laica e inclusiva), contemple medidas para paliar el fracaso y el abandono escolar, reforme la formación inicial del profesorado e impulse una FP bien financiada y pública..
Necesitamos crear condiciones para una educación diferente, posible y necesaria al servicio del bien común y la justicia social.
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