El Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universitat de Barcelona muestra su disconformidad con el contenido y el proceso de elaboración del anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que promueve el actual Gobierno del Estado Español por, entre otros, los siguientes motivos:

Se ha elaborado totalmente al margen de la comunidad educativa, puesto que no ha habido la necesaria participación y debate social orientados al consenso. No se ha consultado en ningún momento a personas expertas ajenas al partido del Gobierno, mostrando una gran carencia de diálogo.

Desvirtúa el sentido de uno de los cometidos docentes más importantes, como es la evaluación continua del proceso de enseñanza aprendizaje. Pone el énfasis en las pruebas externas en varios momentos del periodo de escolarización, y no en el valor del trabajo diario del alumnado y de su proceso de aprendizaje.

Sustituye la educación integral por la formación orientada a los resultados basados en pruebas favorecedoras de un ranking público de los centros educativos y de la competencia entre ellos en contextos sociales y económicos diferentes. Apunta a “la especialización” de centros haciendo un uso perverso de la autonomía, fomentando diversas ofertas educativas y provocando más desigualdad social.

Anula la capacidad de decisión de un órgano de participación y gobierno como es el Consejo Escolar y propone una dirección ejecutiva poco sometida al control social. Permite que la dirección pase a tener un poder excesivo en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la gestión.

Este anteproyecto comunica una reforma que responde a un modelo ideológico basado en una menor competencia autonómica (que es una constante en todos sus apartados), la recentralización curricular, la subvención de la educación diferenciada, la evaluación como medición, la desconfianza en el profesorado, una menor participación de los padres y madres, la segregación temprana en la etapa obligatoria de la ESO, la eliminación progresiva de la comprensividad, y la movilidad forzosa del profesorado, entre otros.

Pedimos, por tanto, la revisión y modificación profunda tanto de sus finalidades y contenido como del proceso de elaboración, para que estén más de acuerdo con los valores democráticos de respeto, equidad y participación.