Estamos hartos de justificar prácticas educativas con “evidencia”

Comisión Permanente de Por Otra Política Educativa. Foto de Sevilla.

En los últimos años se ha instalado en el discurso político, académico y mediático una obsesión: todo en educación debe estar “basado en la evidencia”. La expresión se repite como un mantra en conferencias, informes, justificación de prácticas educativas y documentos ministeriales. Se ha convertido en un comodín retórico que legitima propuestas con apariencia de neutralidad científica y que, en la práctica, pretende clausurar el debate pedagógico.

¿Quién podría oponerse a la evidencia? El problema no es la investigación rigurosa, sino el uso ideológico y hegemónico que se hace de ella. Se nos presenta la evidencia como una verdad objetiva y universal, cuando en realidad está atravesada por supuestos políticos, educativos y económicos. La educación no se desarrolla en un laboratorio estéril ni se resuelve en un artículo de impacto publicado en inglés que pocos leen. La educación ocurre en aulas concretas, con estudiantes de carne y hueso, atravesadas por desigualdades sociales, culturales y territoriales.

En España, por ejemplo, el discurso de la evidencia se ha usado para legitimar informes como los de la OCDE (PISA), que reducen la calidad educativa a un puñado de competencias medibles. De ahí derivan políticas obsesionadas con los resultados, con el ranking internacional y con la comparación constante, como si el horizonte de la escuela fuera subir unas posiciones en una tabla estadística. Mientras tanto, quedan relegadas cuestiones esenciales: la educación para la justicia social, la igualdad de oportunidades, la formación crítica de la ciudadanía.

En América Latina el fenómeno no es distinto. Numerosos gobiernos han asumido la agenda de los organismos internacionales —Banco Mundial, BID, UNESCO— que promueven “reformas basadas en evidencia”. Así, en nombre de la “ciencia” se imponen políticas de evaluación estandarizada a gran escala (como el ERCE en la Latinoamérica[1]) que acaban condicionando los currículos, la formación docente y la propia identidad de las escuelas. Lo que no cabe en la prueba queda invisibilizado. Y los resultados, presentados como diagnósticos objetivos, sirven para justificar recortes, privatizaciones encubiertas y la entrada de fundaciones y consultoras privadas en la gestión educativa.

No olvidemos que detrás de este discurso también hay un negocio o un interés específico de personas o grupos. Fundaciones educativas, editoriales internacionales, grupos mediáticos, redes sociales y empresas tecnológicas han encontrado en la supuesta “evidencia” una herramienta de marketing pedagógico. Se venden programas, metodologías y plataformas digitales como “científicamente comprobadas”, aunque muchas veces los estudios que las avalan son financiados por las mismas corporaciones que las promueven o no es verdad que estén basado en investigaciones rigurosas en nuestro contexto.

En España, la expansión de las fundaciones privadas en el ámbito escolar y universitario ha ido de la mano de este discurso tecnocrático. Se legitiman sus proyectos con el sello de la “evidencia”, mientras se debilita el papel de la escuela pública como espacio democrático y plural. En América Latina, gigantes educativos transnacionales han desembarcado con paquetes de formación docente y materiales “basados en la evidencia”, condicionando las políticas nacionales y reduciendo la autonomía de los sistemas públicos.

Hay también una gran paradoja: en nombre de la evidencia se desprecia otra evidencia más cercana y significativa. La experiencia acumulada por el profesorado en las aulas, las pedagogías críticas que han demostrado transformar contextos de exclusión, la innovación surgida de proyectos comunitarios, rurales y populares… todo esto parece no contar porque no encaja en el molde metodológico de los metaanálisis.

¿No es acaso evidencia el hecho de que miles de docentes en España y América Latina hayan demostrado que el aprendizaje cooperativo, la educación intercultural o las metodologías activas generan aprendizajes más profundos y una mayor inclusión? ¿No es evidencia la historia de las escuelas populares latinoamericanas que, pese a la pobreza material, han sido capaces de construir espacios de ciudadanía y emancipación? Pero esa evidencia incómoda no se mide, no se valora, no entra en los informes oficiales.

La cuestión central no es qué metodología “funciona mejor” en abstracto, sino qué educación queremos y para quién. La escuela no puede reducirse a mejorar posiciones en rankings internacionales ni a aplicar recetas validadas en contextos ajenos. El verdadero debate es político y ético: ¿queremos una educación que reproduzca las desigualdades o una que luche contra ellas? ¿Queremos una escuela al servicio de la competitividad económica o al servicio de la democracia y la justicia social?

Por todo esto estamos hartos de justificar nuestras prácticas únicamente con la “evidencia” de moda. No queremos renunciar a la investigación, pero sí a su monopolio. Reivindicamos el derecho del profesorado a fundamentar su práctica en múltiples saberes: la investigación pedagógica rigurosa, la experiencia acumulada, el compromiso ético, la innovación nacida en las aulas y la voz de los propios estudiantes y comunidades.

La educación no es una receta ni un algoritmo. Es un proceso complejo, cargado de incertidumbres, contradicciones y posibilidades. Exige reflexión, diálogo y compromiso. Necesitamos políticas que reconozcan la pluralidad de saberes, que confíen en el juicio profesional de los docentes y que fomenten la participación democrática en lugar de la imposición tecnocrática.

En España, en América Latina y en todo el mundo, se nos pide que justifiquemos nuestras prácticas con la “evidencia” que deciden unos pocos organismos internacionales y unas cuantas fundaciones privadas. Y estamos hartos.

Queremos otra educación: viva, crítica, democrática, arraigada en la diversidad de contextos y capaz de construir sociedades más justas. Porque la verdadera evidencia —la que vemos cada día en las aulas— nos dice que la educación no se puede medir solo con pruebas estandarizadas, con pedagogías inútiles o segregadoras, con procesos descontextualizados ni con gráficos estadísticos.

La verdadera evidencia es que enseñar es transformar. Transformar la vida de los estudiantes, transformar la manera en que pensamos colectivamente, transformar un mundo que necesita con urgencia más justicia, más igualdad y más humanidad. Esa es la evidencia que no cabe en un metaanálisis ni en un ranking, pero que palpita en cada gesto de quienes defienden la escuela pública, inclusiva y emancipadora.

Por eso decimos basta. Basta de imponer desde dónde sea recetas disfrazadas de ciencia. Basta de reducir la educación a un problema técnico y no político. Basta de usar la palabra “evidencia” como excusa para uniformar, controlar y mercantilizar la enseñanza.

Lo que necesitamos no son más consignas tecnocráticas, sino confianza en el profesorado, apertura a la pluralidad de saberes y políticas educativas que se atrevan a poner en el centro la dignidad humana. Porque si hay una evidencia irrefutable en educación, es que sin justicia social no hay aprendizaje posible.

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[1] Es como un Pisa Latinoamericano. El ERCE es el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, impulsado por la UNESCO/OREALC-Santiago (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe). Se aplica cada pocos años en varios países latinoamericanos (participaron 16 en la última edición, 2019) y busca medir aprendizajes de estudiantes de 3.º y 6.º de primaria en áreas como Lectura, Matemáticas y Ciencias, además de recoger información sobre factores asociados al rendimiento (contexto socioeconómico, escuela, familia, etc.).