El sistema educativo: avances, tensiones y desafíos pendientes
Francisco
Imbernón
El sistema educativo
español vive desde hace tiempo en una situación de tensión constante. Es
innegable que en las últimas décadas se han conseguido avances significativos:
la escolarización es prácticamente universal, se han impulsado políticas
inclusivas que permiten la integración de alumnado con necesidades diversas y
se ha ampliado el acceso a los estudios superiores. Sin embargo, persisten
problemas que lastran su desarrollo, como el abandono escolar prematuro, la
elevada sobre cualificación laboral, el estancamiento en las pruebas PISA, el
alto porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan y la falta de
estudiantes en los niveles más altos de rendimiento. En definitiva, se trata de
un sistema con carencias estructurales y una rigidez excesiva que dificultan su
capacidad de adaptación a los retos del siglo XXI.
Uno de los principales
problemas es la falta de continuidad en las políticas educativas. Cada cambio
de gobierno suele venir acompañado de una nueva reforma legislativa más
ideológica que pedagógica, lo que genera inestabilidad y desconcierto en el
profesorado y en las familias. Esta sucesión de reformas impide consolidar
proyectos a largo plazo y obstaculiza la confianza de la comunidad educativa en
un horizonte común. A ello se suma la presión que soportan los docentes:
contamos con un profesorado comprometido y capaz de sostener la escuela incluso
en momentos críticos, como ocurrió durante la pandemia, pero que sufre
sobrecarga burocrática, falta de reconocimiento profesional y escaso apoyo para
afrontar los desafíos de la diversidad creciente y los cambios sociales. Esta
situación complica la identificación temprana de quienes no alcanzan los
niveles mínimos de aprendizaje y pone de relieve la necesidad de reforzar la
formación permanente y los recursos de acompañamiento.
El sistema sigue
anclado, además, en una cultura escolar demasiado centrada en los contenidos y
en la evaluación, en lugar de situar en el centro el desarrollo integral del
alumnado, la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de aprender a
lo largo de la vida. Necesitamos una escuela que forme ciudadanos capaces de
comprender el mundo y transformarlo, no únicamente de adaptarse pasivamente a
él. Para lograrlo, se requiere una mirada de Estado que trascienda los ciclos
políticos, que proporcione estabilidad, recursos y confianza al profesorado, y
que coloque el aprendizaje real de los niños y niñas en el centro de todas las
decisiones.
En este contexto, los
informes internacionales como PISA ofrecen datos relevantes para situar nuestro
rendimiento en un marco global, pero no deben convertirse en un dogma ni en la
única medida de calidad. Estos estudios se centran en competencias muy específicas,
lectura, matemáticas y ciencias, dejando de lado otras dimensiones
fundamentales como la creatividad, la formación ciudadana crítica, la
cooperación o las competencias socioemocionales. Además, existen factores
estructurales que explican parte de los resultados: las desigualdades sociales
que atraviesan la escuela, la insuficiencia de recursos en determinadas etapas,
la falta de reconocimiento a la labor docente y la persistencia de metodologías
tradicionales centradas en la transmisión. Por ello, más que obsesionarnos con
los rankings, deberíamos preguntarnos qué tipo de personas y qué tipo de
sociedad queremos formar.
También es importante
matizar percepciones extendidas en el debate social. Muchos padres creen que
antes los temarios eran más complejos y exigentes, pero esa visión responde más
a la nostalgia que a la realidad. En el pasado predominaba la memorización enciclopédica,
que podía transmitir la sensación de dificultad, aunque no garantizaba
comprensión ni aplicación práctica. Hoy los contenidos siguen siendo
esenciales, pero se trabajan de otra manera: se busca aplicarlos a contextos
reales, fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de aprender a lo largo
de la vida. Esto no implica una bajada de nivel, sino un cambio de perspectiva:
pasamos de una escuela que valoraba la memoria mecánica a una escuela que
intenta valorar la comprensión y la transferencia del conocimiento.
En debates actuales,
como el uso del móvil en las aulas, conviene evitar posiciones simplistas. El
problema no es tanto “móviles sí o no”, sino cómo y para qué se usan. Una
prohibición absoluta puede dar sensación de control, pero genera desigualdades,
desplaza el problema fuera de la escuela y priva de una oportunidad pedagógica
valiosa. En lugar de prohibir, se trata de enseñar a utilizarlos con criterio,
responsabilidad y fines educativos, regulando su uso desde una perspectiva
pedagógica y no meramente disciplinaria.
La aparición de
programas innovadores, como algunos en matemáticas, abre otras discusiones. La
innovación no debe ser un fin en sí mismo, ni una moda ligada a la lógica del
mercado editorial. Puede ser útil si ayuda a comprender mejor y a implicar al
alumnado, pero lo decisivo no es la herramienta, sino la concepción de
aprendizaje que la sustenta. Ningún recurso sustituye al papel fundamental del
profesorado, que debe tener autonomía y criterio para adaptar métodos a su
contexto y a las necesidades de su alumnado. La innovación real no está en
programas cerrados, sino en una escuela que se repiensa y en docentes con
formación, tiempo y confianza para hacerlo.
En el fondo, el sistema
educativo refleja las tensiones de la sociedad en la que está inserto:
desigualdades, valores, expectativas y transformaciones tecnológicas se cuelan
en las aulas. Pero al mismo tiempo, lo que ocurre en la escuela proyecta la
sociedad futura. Si se limita a reproducir lo existente, los alumnos serán un
mero reflejo pasivo; si se configura como un espacio crítico, inclusivo y
creativo, contribuirá a formar ciudadanos capaces de transformar la realidad.
Por eso la educación no es solo transmisión de conocimientos, sino un proyecto
colectivo y político.
De cara al futuro, más
que grandes reformas legislativas, lo que necesita la educación es estabilidad,
continuidad y una visión compartida que trascienda los cambios de gobierno.
Urge reforzar la formación inicial y permanente del profesorado, reducir las
desigualdades sociales que condicionan la escuela, apostar por metodologías
activas y colaborativas, incrementar la inversión, especialmente en la escuela
pública y en las etapas tempranas, y dignificar la profesión docente. El
profesorado es la columna vertebral del sistema: sin docentes motivados,
reconocidos y apoyados, no habrá transformación posible. Más que seguir
acumulando reformas, lo que necesitamos es un pacto social y político duradero
que coloque la equidad, la calidad y el compromiso con el profesorado en el
centro de un verdadero proyecto educativo de país.
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