¡Es la importancia de la educación pública, señores!

Francisco Imbernón.

Durante estos últimos meses del año 2019 hemos ido viendo diversas noticias educativas. Por citar las más importantes periodísticamente: la celebración del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada un 20 de noviembre de 1989 con el objetivo, hoy muy incumplido,  de garantizar y proteger los derechos de la infancia y adolescencia; la Cumbre mundial de educación de Doha concediendo premios a los mejores docentes y muy cuestionada por esos premios que siempre se dan a destacados líderes de sectores educativos occidentales; el debate que inició, pero que es un tema concurrente, la ministra de educación con la relación escuela pública-concertada y la interpretación del polémico artículo 27 de la Constitución y otras noticias más específicas de los diversos contextos autonómicos.

Quiero pensar que nadie duda que la educación es muy importante y lo compruebo en cómo  se está introduciendo o defendiendo la iniciativa privada (reuniones, jornadas, premios, manifiestos, etc.).  Ello parece evidente en los últimos tiempos y no creo que sea solo por la crisis que han padecido los sectores públicos en España o por la dejadez de la administración educativa con posturas de desconfiar de lo público y evidenciar con sus políticas la validez y rigurosidad de lo privado. Quizá algo tenga todo eso que ver, pero hay algo más en ese interés por la educación: el gran negocio, defender a cierta población y la legislación tributaria que favorece las inversiones de recursos para este tipo de programas.

Lo podemos comprobar ya que desde hace décadas se ha introducido desde hace tiempo políticas y prácticas en educación, salud, inversión social, etc. y que, en muchos de ellos, se han dado cuenta que lo que empezó siendo aplaudido por ser una ayuda a la escasez de recursos, falta de escuelas o descentralización de éstos, se está convirtiendo  en otra cosa. Se empieza a ver en nuestro contexto prácticas con denominaciones de escuela inteligente, escuela digital, la revolución digital, tecnología avanzada en las escuelas, innovación del futuro, innovar para mejorar, ganar en excelencia... La tecnología  y la innovación son las palabras clave de ese gran negocio que mueve más de 5 billones de euros en todo el mundo.

Es lógico que tal volumen de dinero lleve a una cierta mercantilización con la finalidad normal y legítima de las empresas o corporaciones de aumentar sus clientes y para ello cuanto más conocidos, más venta de innovación y mejor imagen mejor. Y no quiero negar que hay organizaciones que les mueve un motivo altruista o religioso, algo así como un deber moral de contribuir a repartir algo de la mucha ganancia que tiene, pero también quiere tener  una buena reputación por las deducciones fiscales, o para dar a conocer mejor y más “humano” sus productos o servicios o mejorar su imagen haciendo ver su gran preocupación por los problemas educativos.

Se ha de vigilar que no haya un abandono del sector público y desigualdades en el afianzamiento entre las escuelas públicas y los territorios.  Hay mucho trabajo por hacer en  la formación permanente del profesorado (muy abandonada en los últimos años), en la equidad de la infancia, la lucha contra la pobreza infantil (siendo uno de los países donde hay más desigualdad educativa y un aumento de la pobreza infantil), en la atención a la diversidad, en promocionar la justicia educativa (85 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial), en programas de mejoramiento de la infraestructura escolar (barracones perennes y escuelas públicas con recursos muy antiguos), mejorar equipos y materiales didácticos, etc., y  crear alianzas con el sistema de educación superior, para impulsar el desarrollo científico, la investigación y la innovación. Que necesitados estamos después de tantos recortes.

Ya se sabe y se repite constantemente que estamos en una economía del conocimiento globalizado, pero esto no implica que los gestores públicos se desentiendan de ser proveedores del servicio público al que se deben y que se admiren del servicio privado y le encomienden o le permitan tareas educativas.  Es posible que no tengamos remedio y que esto sea un futuro del acercamiento a la privatización educativa ya puesta en práctica en algunos países avanzados y mucho en las economías emergentes, pero creo que la gestión pública ha de establecer un límite entre lo público y lo privado. El gestor público está obligado a intervenir para regular la intervención privada y evitar la polarización educativa que repercute en la social (escuelas mejores y escuelas peores, escuelas innovadoras y escuelas que lo son, escuelas esponsorizadas y escuelas que no, escuelas con formación específica y escuelas que no...).

Bueno, feliz nuevo año 2020 y que sea mejor para la educación