Este
país no puede más. Tenemos que conseguir hace "run, run... Acuerdo
Social y Político con la Comunidad Educativa", como en el que
participamos e impulsamos desde hace más de un año, surgido desde la
base y con la participación de los propios interesados
y que se ha plasmado en el documento recogido en la web
http://porotrapoliticaeducativa.org/.
Las líneas fundamentales que creemos que debe contemplar este Acuerdo Social y Político son 20:
1. Ampliación de la red de centros educativos, de titularidad y gestión
pública, para cubrir todas las necesidades de escolarización en las
diferentes etapas y modalidades educativas, garantizando que el suelo
público sea sólo para la escuela pública. Prestando
atención especial a la educación temprana mediante la creación de
plazas públicas suficientes de 0 a 3 años. Teniendo la Educación
Infantil (0 a 6 años) un currículo básico para garantizar su carácter
plenamente educativo.
2. Gratuidad total de la enseñanza pública, desde la primera infancia
hasta la Universidad, dotándola de recursos suficientes, que incluirán
el material didáctico, libros, servicio de comedor y de transporte
escolar, así como becas de residencia o becas-salario
para el alumnado que lo necesite.
3. Supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa
desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los
centros privados concertados en una red única de centros públicos,
arbitrando medidas para la integración y homologación
de su profesorado. Con carácter inmediato se suprimirán los conciertos
con centros que discriminen por razón de sexo o utilicen mecanismos
encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas,
ideológicas u otras características culturales o personales.
4. Ley de financiación del sistema educativo para garantizar los
recursos necesarios y evitar vaivenes presupuestarios en educación. De
forma inmediata se igualará la inversión pública educativa a la media
europea, y se aumentará hasta alcanzar el 7% del PIB
en la próxima legislatura.
5. Desarrollo de una educación que reconozca el derecho de todos y todas
a obtener aprendizajes relevantes, que contribuya por tanto al éxito
escolar y social de todo el alumnado en la enseñanza obligatoria,
introduciendo cambios curriculares, metodológicos
y organizativos para ofrecer mejores respuestas a la diversidad del
alumnado, con especial atención a quienes tienen más dificultades, y
dedicando todos los recursos necesarios en las zonas y centros con más
alumnado en desventaja social.
6. Extensión de la educación pública obligatoria hasta los 18 años, para
combatir el abandono educativo temprano, con diversos itinerarios y
modalidades formativas desde los 16, donde se contemple una vía más
ocupacional que incluya estudio y prácticas remuneradas
simultáneamente.
7. Ampliación de las plantillas de profesorado y de otros profesionales
de la educación para poder responder a las distintas necesidades del
alumnado y reducir el número de escolares por grupo y por docente. Ratio
máxima de 20 estudiantes por grupo en Primaria
y Secundaria.
8. Currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico,
que pueda ser desarrollado por los centros escolares y la comunidad
educativa en virtud de su autonomía pedagógica. Cualquier religión,
incluidos sus actos o símbolos, quedará fuera del
ámbito escolar.
9. La evaluación formativa de los aprendizajes, de la práctica docente,
del funcionamiento de los centros y del sistema educativo debe servir
para la mejora de la acción educativa en sus diferentes vertientes.
10. Plan de diagnóstico y seguimiento permanente de los problemas y
logros de la educación pública para acometer nuevas mejoras. En ningún
caso las evaluaciones externas sobre rendimiento del alumnado se
utilizarán para clasificar o fomentar la competitividad
entre centros.
11. Cuerpo único de profesorado a partir de una formación inicial con rango de postgrado.
12. Formación inicial y permanente del profesorado de todos los niveles
que combine teoría y práctica, para garantizar su óptima capacitación
docente y disciplinar en la etapa y especialidad correspondiente.
13. Estatuto docente, acordado con los sindicatos, que regule las
condiciones de trabajo y desarrollo profesional tanto de docentes como
del resto de profesionales de la educación.
14. Estabilidad de las plantillas y reconocimiento de la experiencia del
personal interino en las bolsas de trabajo. Las plazas interinas se
reducirán al mínimo necesario (8%) para asegurar la funcionalidad del
sistema.
15. Ampliación de la autonomía pedagógica de los centros para organizar
sus enseñanzas y poder ofrecer una respuesta educativa ajustada a las
necesidades de su alumnado. En ningún caso servirá para seleccionar o
segregar al alumnado o fomentar la competitividad
entre los centros.
16. Participación democrática y equilibrada de todos los sectores de la
comunidad educativa en la organización y gestión de los centros y de los
distritos escolares. Los Claustros y los Consejos escolares, como
órganos de gobierno de los centros, tendrán capacidad
decisoria plena en los asuntos de su competencia. Elección democrática
de los equipos directivos.
17. Construcción de escuelas democráticas en el marco de ciudades y
entornos educadores, promoviendo la participación del alumnado en la
dinámica educativa de su centro y en la configuración de su ciudad, así
como la implicación vecinal en el funcionamiento
y mejora de su educación pública; haciendo de la ciudad y su entorno un
auténtico recurso educativo.
18. Paralización de la “Estrategia Universidad 2015” y apertura de un
debate entre toda la comunidad universitaria para consensuar una
alternativa compartida de universidad pública al servicio de la sociedad
y no de los intereses del mercado.
19. Gratuidad progresiva de las enseñanzas universitarias, empezando por
los Grados y fijando mientras tanto tasas mínimas y un sistema
generalizado de becas-salario para garantizar el acceso de los sectores
económicamente desfavorecidos. Para asegurar financiación
pública suficiente de las universidades públicas se destinará al menos
el 2% del PIB.
20. Autonomía y gobierno universitario democrático, potenciando la
participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma
de decisiones colegiada y la elegibilidad de sus cargos representativos y
ejecutivos, tendiendo hacia la progresiva democratización
total del funcionamiento y organización al servicio de un modelo social
de universidad.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada