Evaluación sí, pero no así

Francisco Imbernon - Jaume Carbonell

TRADUCCIÓN DEL DIARI DE L’EDUCACIÓ 19.05.2015

Hace poco asistimos en Madrid a un Encuentro social de debate por una nueva ley educativa, donde  había Movimientos Sociales, Sindicados de Estudiantes, Asociaciones de Madres y Padres, Organizaciones Sindicales y algunos Partidos Políticos, para elaborar un documento base por una nueva ley de educación en respuesta al actual LOMCE.

Y una de las temáticas de debate que se trataron fue el sentido de la evaluación externa para encontrar alternativas de mejora. En este artículo queremos hacer públicas algunas de las ideas del debate y el consenso al cual se llegó, a pesar de que existían diferentes opiniones y matices.

Hemos sentido voces que dicen que estamos en contra de la evaluación por principio, basándose en la carencia de la cultura de la autoevaluación individual del profesorado y colectiva de los equipos docentes.  No es verdad.  Los que nos dedicamos a la educación no estamos en contra de la evaluación de todo tipo: del alumnado, del profesorado, del centro, del sistema educativo.  Evaluar cualquier aspecto del sistema educativo no es negativo por principio, si interpretamos la evaluación como proceso de obtener datos para la mejora.  El peligro de la evaluación en educación, y esta es la crítica a las evaluaciones externas, es cuando esta se pervierte y se utilizan sus datos no para la mejora, sino para clasificar, medir y excluir.

Somos conscientes que la educación tiene que estar abierta y ser transparente, ante la sociedad que la sostiene. Todo el mundo tiene derecho a ser informado de cómo es la educación que tenemos. Esta apertura no tendría sentido si no es para mejorar la política educativa, las instituciones escolares y para entender el que aprenden realmente los alumnos y el alumnado. Cómo en cualquier otro fenómeno, situación o acción, la evaluación es consustancial a toda actividad educativa. Pero se tiene que utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos, proponiendo las medidas necesarias para atender a la singularidad y a las necesidades del alumnado según su contexto.

En el que no estaban de acuerdo en el encuentro -y lo compartimos- es en que se mezcle las evaluaciones de tipo diagnóstico sobre el sistema y sus componentes con las pruebas de acreditación, o cuando estas se convierten en reválidas. No se puede poner tanto énfasis en la evaluación externa, al mismo tiempo que se deslegitima la que realiza el profesorado. Es cierto que es necesaria una cultura de la evaluación interna, porque en ella se encuentran algunas de las raíces del éxito y el fracaso escolar, pero tenemos que confiar con el profesorado.  ¿Quién es el que sabe mejor cómo va el aprendizaje del alumnado?

Siempre la evaluación tiene que servir para apoyar a la mejora de los programas educativos, puesto que tienen que estar al servicio de las necesidades y derechos educativos de los alumnos y alumnos. Por supuesto, que también tienen que servir para analizar la actuación del profesorado, la idoneidad de las propuestas didácticas y el funcionamiento de los centros escolares. Y estamos de acuerdo que estas evaluaciones tienen que ser contextualizadas y periódicas. El problema no es la evaluación, sino para qué sirve.

A la reunión todo el mundo estaba de acuerdo al eliminar el actual sistema de evaluaciones externas basadas en el rendimiento del alumnado, así como los rankings entre centros y, al contrario, proponer evaluaciones que sirvan para la transparencia del sistema educativo y para la participación de la comunidad educativa y de las Administraciones educativas en procesos de mejora.

La evaluación es adecuada si sirve para recaudar información sobre programas y políticas educativas que proporcionen un conocimiento público sobre el sistema educativo para su mejora. ¿Y esto quién lo puede hacer?

Surgía  la alternativa de crear un organismo público, autónomo, independiente de los gobiernos, con competencias profesionales acreditadas que hiciera una de evaluación democrática y dé voz a todos los agentes de la comunidad educativa en el proceso. Entendiendo esta cómo no burocrática, informada, participada e implicada, en todos sus aspectos, por toda la comunidad educativa. Y no daría miedo una información pública del progreso del sistema educativo.

La evaluación es necesaria, pero no su instrumentalización. Ni tampoco cuando sus objetivos no son claros ni se inscribe en una lógica democrática respetuosa con el protagonismo del profesorado y de la comunidad educativa. Y este no es el caso ni de las reválidas que plantea la LOMCE ni de las pruebas externas propuestas por autonomías, tal como se explica muy bien en otros artículos publicados en este mismo diario.