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dilluns, 18 d’abril de 2016

Para qué sirven las reválidas

Jaume Carbonell, Carmen Rodríguez,
Enrique Díez, Carmen Ferrero y Julio
Rogero / (Foro de Sevilla) *

El Congreso ha rechazado el 5 de abril la
aplicación de las reválidas, únicamente con
los votos en contra del PP. Todos los grupos
parlamentarios, a excepción del PP, y
la mayoría de los representantes de padres
y madres, docentes y estudiantes se oponen
a las reválidas. ¿Por qué esta descalificación
tan abrumadora de las reválidas?
Las evaluaciones externas y reválidas
son pruebas de evaluación final fijadas por
la Lomce en 3º y 6º de Primaria, con un
carácter informativo y orientador, y en 4º de
la ESO y 2º de Bachillerato, con el carácter
de reválida para superar la etapa.
La evaluación y los currículos estandarizados
se han convertido en el objetivo
fundamental de reformas neoliberales en
todo el mundo que, como la Lomce, tratan
de “elevar” los resultados educativos con
un control burocrático sobre las prácticas
escolares y la profesión docente. Este tipo de
pruebas estandarizadas sirven para el desarrollo
de un aprendizaje fundamentalmente
memorístico y descontextualizado, que es el
que pueden medir este tipo de evaluaciones.
La reforma educativa del final del
franquismo, la Ley General de Educación
(1970), ya intentaba superar la rigidez del
sistema educativo de la dictadura, ante el
fracaso de las pruebas memorísticas, con la
supresión de las “temidas reválidas”, introduciendo
la evaluación continua.
Jugarse los años de
escolarización en una
prueba externa es
injusto
Sin embargo, en los últimos años el
auge de este modelo neoliberal, tecnocrático
y conservador, centrado en pruebas estandarizadas,
ha sido importado acríticamente
en nuestro país, justo en momentos en que
dichas pruebas son debatidas, cuestionadas y
refutadas en muchos países del Norte.
La fiebre examinadora –del alumnado
de diversos niveles, de los docentes, de las
instituciones escolares (y ahora, ¡incluso de
las familias!, según se propone en EEUU)–
que viene creciendo desde la década de
1990, no se ha traducido en la anunciada
“mejoría”. Y es que, las reválidas por sí
mismas, no mejoran ni cambian nada. La
experiencia de EEUU, que abusa de pruebas
externas, muestra que los resultados han
sido un desastre y han reforzado la mediocridad
del sistema.
Los estudios muestran que, a pesar de los
recursos invertidos en evaluaciones estandarizadas
desde noventa, no hay mejoría consistente
y/o significativa en los resultados
escolares de los países en los campos o aspectos
evaluados. Más bien se observan efectos
negativos, así como debilidades técnicas y
problemas de comparabilidad entre ellas.
Debilidades técnicas evidentes como
el hecho de que se centran en las áreas de
matemáticas, lengua y ciencias, con lo que
se está dando el mensaje de la prevalencia
de unos contenidos sobre otros, de unas
áreas sobre otras. Por otro lado, solo tienen
en cuenta lo que el alumnado hace en el
momento de realizarlas, limitando la valoración
del progreso del alumnado al rendimiento
académico medido en el momento
de la prueba, sin contemplar los avances
del alumnado en su proceso y despreciando,
además, otros elementos cualitativos,
así como las circunstancias personales del
alumnado, que solo pueden ser valoradas
adecuadamente por el profesorado que las
conoce y que ha estado presente y acompañado
el proceso de aprendizaje.
Los efectos negativos añadidos más
evidentes que se han observado respecto
a las evaluaciones estandarizadas son: a) la
deslegitimación de la función docente y la
desconfianza hacia el profesorado, ya que no
es el profesorado que tiene docencia directa
con el alumnado el que evalúa, pues se le
expulsa del proceso de valoración final sobre
el grado de aprendizaje del alumnado, recurriendo
a otros profesionales; b) la degradación
de contenidos: se acaba estudiando lo
que se examina y se centra el tiempo y los
esfuerzos docentes en preparar al alumnado
para resolver pruebas y exámenes, como
ya pasa en 2º de Bachillerato de cara a la
selectividad; c) el control sobre el trabajo
docente y la pérdida de la innovación
educativa, al convertirse el profesorado en
“preparadores de pruebas”, sufriendo así un
control directo sobre su trabajo y sobre lo
que debe enseñar; d) el coste económico
para el sistema, tan alto como inútil, por la
realización de las múltiples pruebas externas
todos los años; y el coste para las familias
del alumnado que haya suspendido, cuando
tengan que pagar academias para repetir la
reválida. Además, para el alumnado jugarse
en una prueba externa los años de escolarización
es injusto y contradice la función
de la evaluación como mejora de la educación
respetando la diversidad y los diferentes
ritmos de aprendizaje; e) el gran negocio
que supone una inversión de millones de
euros en pagar a grandes empresas privadas
como Pearson, McGraw-Hill y Educational
Testing, en lugar de dejar que sean los profesores
y profesoras los que se ocupen del
aprendizaje de su alumnado.
El hecho de que se prevea la publicidad
de los resultados en el caso de las evaluaciones
finales de etapa, lo que la anterior ley
orgánica prohibía expresamente, sirve para
configurar listados de centros ordenados en
función de las puntuaciones obtenidas por el
alumnado. La divulgación de esos resultados
en forma de listas que comparan entre sí a
los centros, traslada la responsabilidad de
este tipo de resultados a los centros y a los
docentes, pues son los docentes los primeros
a quienes se responsabiliza de los malos
resultados, sin ver el conjunto de “factores
asociados” a los rendimientos escolares. Este
dispositivo redefine el sentido de la educación
en torno a los resultados.
Es más, pervierte el sentido último de
la educación, convirtiendo la evaluación en
un mecanismo de competición entre centros
y no de cooperación, y en un dispositivo
de clasificación y segregación del alumnado
y los centros escolares. Se consagra así el
darwinismo escolar al servicio de un darwinismo
social, económico y político.
El problema es que el efecto colateral
que conllevan estos rankings es que serán
los centros los que elijan al alumnado en
función de que este no baje los resultados
que obtiene el centro.
Pero no olvidemos que ningún ranking
tiene en cuenta el tipo de centro y las
características del alumnado que escolariza
y, por lo tanto, no refleja el trabajo que se ha
llevado a cabo. Para lo que sí servirán estas
reválidas es para estigmatizar al alumnado,
profesorado y centros, para generar un
mercado, según la concepción neoliberal,
de “elección” de aquellos centros que ocupan
lugares más destacados en detrimento
del resto y, a medio plazo, para asignar
los recursos en función de los resultados,
convirtiendo las desigualdades en crónicas
y estructurales, y alejándose del carácter
compensador que tiene que tener el sistema
educativo para garantizar la equidad y
la cohesión social.
Este modelo de evaluación no está al
servicio de la mejora de la educación, que
debería ser el objetivo básico. Está más
orientada a seleccionar, segregar y sancionar
que a identificar los problemas y establecer
medidas de mejora.
Desde el Foro de Sevilla apostamos por
una evaluación integral (que analice todos
los factores que intervienen) del sistema
educativo, que no pierda el carácter formativo
(orientada a la mejora) y que sea más
democrática (participada y conocida por
la comunidad educativa y coordinada por
el profesorado, la dirección de los centros
y la inspección), diversa (la autonomía de
los centros, de sus proyectos educativos,
metodologías y contexto socioeducativo,
requiere diversas modalidades de evaluación),
justa (que no compare realidades
diferentes entre sí) y rigurosa (que use los
instrumentos técnicos adecuados), adaptada
a la sociedad del conocimiento del siglo XXI
donde se valoran cada vez más otras capacidades
cognitivas –y otras– relacionadas con
la comprensión –o la memoria comprensiva–,
la interpretación, el análisis crítico y el
desarrollo del pensamiento.
La evaluación sirve para seguir educando
y hacerlo mejor: hay que poner medidas,
y, por tanto, recursos. Y cuando hay recursos,
se deben rendir cuentas, es un requisito
democrático. Hemos de revertir el modelo
que ha venido imponiendo la Administración
educativa utilizando la evaluación
como mecanismo de promoción o exclusión.
Hemos de cambiar el enfoque de los
exámenes y las reválidas como estrategias
de legitimación de una clasificación, como
naturalización de una selección social por
vía académica.
En la educación, y más aún en la
obligatoria, la evaluación debe tener una
función formativa, de ayuda al aprendizaje.
Una carrera constante de obstáculos y
superación de pruebas y reválidas al final de
cada etapa es antipedagógica, sancionadora
y excluyente. Es apostar por un modelo de
enseñanza basado en la presión del examen,
frente a otro centrado en las necesidades y
motivaciones del alumnado. Esta es nuestra
apuesta desde un enfoque pedagógico.

* El Foro de Sevilla está conformado
por profesionales de la educación, la mayoría
profesores y profesoras de Universidad,
que se constituyeron como Foro en Sevilla en
2012, preocupados por la situación del sistema
educativo y alarmados por la evolución
de la política educativa, con objeto de animar
el debate y de generar un compromiso con la
mejora educativa.

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