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diumenge, 13 de desembre de 2015

Raul Garza
Amigos en común: Maria Teresa Cauduro.

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Este país no puede más. Tenemos que conseguir hace run Acuerdo Social y Político con la Comunidad Educativa, como en el que participamos e impulsamos desde hace más de un año, surgido desde la base y con la participación de los propios interesados y que se ha plasmado en el documento recogido en la web http://porotrapoliticaeducativa.org/
. Las líneas fundamentales que creemos que debe contemplar este Acuerdo Social y Político son 20:
1. Ampliación de la red de centros educativos, de titularidad y gestión pública, para cubrir todas las necesidades de escolarización en las diferentes etapas y modalidades educativas, garantizando que el suelo público sea sólo para la escuela pública. Prestando atención especial a la educación temprana mediante la creación de plazas públicas suficientes de 0 a 3 años. Teniendo la Educación Infantil (0 a 6 años) un currículo básico para garantizar su carácter plenamente educativo.
2. Gratuidad total de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la Universidad, dotándola de recursos suficientes, que incluirán el material didáctico, libros, servicio de comedor y de transporte escolar, así como becas de residencia o becas-salario para el alumnado que lo necesite.
3. Supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados concertados en una red única de centros públicos, arbitrando medidas para la integración y homologación de su profesorado. Con carácter inmediato se suprimirán los conciertos con centros que discriminen por razón de sexo o utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales.
4. Ley de financiación del sistema educativo para garantizar los recursos necesarios y evitar vaivenes presupuestarios en educación. De forma inmediata se igualará la inversión pública educativa a la media europea, y se aumentará hasta alcanzar el 7% del PIB en la próxima legislatura.
5. Desarrollo de una educación que reconozca el derecho de todos y todas a obtener aprendizajes relevantes, que contribuya por tanto al éxito escolar y social de todo el alumnado en la enseñanza obligatoria, introduciendo cambios curriculares, metodológicos y organizativos para ofrecer mejores respuestas a la diversidad del alumnado, con especial atención a quienes tienen más dificultades, y dedicando todos los recursos necesarios en las zonas y centros con más alumnado en desventaja social.
6. Extensión de la educación pública obligatoria hasta los 18 años, para combatir el abandono educativo temprano, con diversos itinerarios y modalidades formativas desde los 16, donde se contemple una vía más ocupacional que incluya estudio y prácticas remuneradas simultáneamente.
7. Ampliación de las plantillas de profesorado y de otros profesionales de la educación para poder responder a las distintas necesidades del alumnado y reducir el número de escolares por grupo y por docente. Ratio máxima de 20 estudiantes por grupo en Primaria y Secundaria.
8. Currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico, que pueda ser desarrollado por los centros escolares y la comunidad educativa en virtud de su autonomía pedagógica. Cualquier religión, incluidos sus actos o símbolos, quedará fuera del ámbito escolar.
9. La evaluación formativa de los aprendizajes, de la práctica docente, del funcionamiento de los centros y del sistema educativo debe servir para la mejora de la acción educativa en sus diferentes vertientes.
10. Plan de diagnóstico y seguimiento permanente de los problemas y logros de la educación pública para acometer nuevas mejoras. En ningún caso las evaluaciones externas sobre rendimiento del alumnado se utilizarán para clasificar o fomentar la competitividad entre centros.
11. Cuerpo único de profesorado a partir de una formación inicial con rango de postgrado.
12. Formación inicial y permanente del profesorado de todos los niveles que combine teoría y práctica, para garantizar su óptima capacitación docente y disciplinar en la etapa y especialidad correspondiente.
13. Estatuto docente, acordado con los sindicatos, que regule las condiciones de trabajo y desarrollo profesional tanto de docentes como del resto de profesionales de la educación.
14. Estabilidad de las plantillas y reconocimiento de la experiencia del personal interino en las bolsas de trabajo. Las plazas interinas se reducirán al mínimo necesario (8%) para asegurar la funcionalidad del sistema.
15. Ampliación de la autonomía pedagógica de los centros para organizar sus enseñanzas y poder ofrecer una respuesta educativa ajustada a las necesidades de su alumnado. En ningún caso servirá para seleccionar o segregar al alumnado o fomentar la competitividad entre los centros.
16. Participación democrática y equilibrada de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y gestión de los centros y de los distritos escolares. Los Claustros y los Consejos escolares, como órganos de gobierno de los centros, tendrán capacidad decisoria plena en los asuntos de su competencia. Elección democrática de los equipos directivos.
17. Construcción de escuelas democráticas en el marco de ciudades y entornos educadores, promoviendo la participación del alumnado en la dinámica educativa de su centro y en la configuración de su ciudad, así como la implicación vecinal en el funcionamiento y mejora de su educación pública; haciendo de la ciudad y su entorno un auténtico recurso educativo.
18. Paralización de la “Estrategia Universidad 2015” y apertura de un debate entre toda la comunidad universitaria para consensuar una alternativa compartida de universidad pública al servicio de la sociedad y no de los intereses del mercado.
19. Gratuidad progresiva de las enseñanzas universitarias, empezando por los Grados y fijando mientras tanto tasas mínimas y un sistema generalizado de becas-salario para garantizar el acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. Para asegurar financiación pública suficiente de las universidades públicas se destinará al menos el 2% del PIB.
20. Autonomía y gobierno universitario democrático, potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma de decisiones colegiada y la elegibilidad de sus cargos representativos y ejecutivos, tendiendo hacia la progresiva democratización total del funcionamiento y organización al servicio de un modelo social de universidad.

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