¿Calidad de la enseñanza? No me haga reír, por favor
Publicado en Cuadernos de Pedagogía de febrero de 2012
Puede parecer una frase hecha pero no son buenos
tiempos para la educación. La educación está siempre en el punto de mira de
la sociedad, se proyectan muchas expectativas sobre ella aunque la mayoría de
las veces sea sólo retórica, pero apareció la crisis económica y en lugar de
recortar beneficios, bonus a los directivos de banca, aviones de combate,
ejércitos, dietas de políticos, coches oficiales, aperitivos, celebraciones,
propaganda, etc., se decide recortar educación y salud. Cuesta entender por
qué. Quizá porque se trata de un sector débil al ser mayoritariamente sector
público; o quizá porque hay detrás un colectivo profesional muy numeroso y
cualquier recorte, por pequeño sea, alcanza una cifra considerable; o porque en
el imaginario social todavía es una
profesión fácil, cómoda, con muchas vacaciones, y los políticos
consideran que los “votantes” no se volverán en contra.
Y nadie piensa en las consecuencias a medio y largo
plazo. Cuesta mucho construir un edificio sólido, bien estructurado, eficiente,
pero basta una mala decisión para demolerlo, y después es imposible recomponer
los fragmentos y volverlos a pegar. La cantidad que ahora pretenden ahorrar no
bastará para compensar los daños que causará tener un sistema educativo
deficiente. Y lo más curioso es que combatir el “fracaso escolar” aparece como
una prioridad de los gobiernos, de todos los gobiernos, ¿y cómo será posible
con menos recursos y con un profesorado desmotivado? Todo el mundo coincide en
que una mejor educación tiene una repercusión clara en la convivencia y en la
tolerancia, supone una mayor calidad de vida de los ciudadanos y tiene un
impacto evidente en la economía productiva, eso que tanto les preocupa a los
que toman decisiones políticas. En un interesante informe de la Unesco[1]
encontramos la siguiente frase: “Para mejorar esta situación, es imprescindible
que se adopten políticas que propicien la contratación de docentes, que garanticen
su situación profesional y que les permitan adquirir una formación de calidad”.
Los políticos tienen una rara habilidad, encomiable: consideran hechas las
cosas que sólo han sido enunciadas; consideran resuelto un problema sólo porque
han dicho que van a abordarlo, sin esperar a comprobar el éxito de las medidas
tomadas, sin presentar después informes que avalen esas medidas. En fin, es la
paradoja de la política: se quiere obtener una mejor calidad de la educación
bajando la inversión, reduciendo la formación permanente y el número de
profesores y profesoras, entre otras cosas.
Hablemos de profesores y profesoras, ¿víctimas o
culpables?
Según los datos internacionales (OIT), en el mundo hay
aproximadamente 60 millones de profesores y profesoras; y según el estudio de
la UNESCO citado, para garantizar la educación básica universal de los actuales
115 millones de niños sin acceso a la educación, en el 2015 se necesitarán 18
millones más de maestros de infantil y primaria (la mitad de los cuales se requieren
en el África subsahariana). Pero no es únicamente en los países en vías de
desarrollo donde se necesitan más docentes. Según el mismo informe, España
necesitará incrementar el número de profesores de su sistema educativo en unos
23.000 para el año 2015. Pero en España hemos decidido poner la marcha atrás.
Durante este curso 2011/2012 no ha habido aumento de docentes aunque los
alumnos hayan aumentado en 165.154 (de un total de 7,9 millones de alumnos
escolarizados); es decir, a día de hoy deberíamos incorporar entre 12000 y
15000 profesores en toda España.
Tampoco podemos olvidar que en muchos países el 70% del
profesorado vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que significa que para
sobrevivir han de trabajar en diversos lugares o en varios turnos escolares. No
es el caso de España que, según los datos actuales[2],
en primaria y secundaria el salario es superior a la media de la Unión Europea,
aunque cuesta más años alcanzar un buen salario que tampoco es para tanto (el
que se pague poco al profesorado en Europa no indica que en España se gane
mucho). Y por otra parte, también trabajan más horas respecto a la media de los
países de la Unión Europea. De todos modos, sabemos que cobrar más y dedicar
más horas no se corresponde necesariamente con hacer mejor el trabajo. En este
sentido, es mucho más crítico cuando el salario no llega ni para la “cesta
básica”, como es el caso del profesorado de muchos países en otros continentes.
Más adelante analizaremos cómo puede ser que teniendo profesores y profesoras
bien pagados, trabajando más, con alumnos con más horas lectivas, tengamos un
alto índice de fracaso escolar. Esto merece una reflexión más profunda que los
meros números estadísticos.
Y esto sí que es una paradoja, ya que al mismo tiempo se
recomienda que hay que evitar la fuga de profesores y profesoras (por algo será
que muchos abandonan o están cansados), que es importante que entren los más
preparados, que se retenga a “los buenos” en el sistema, y que hay que
establecer incentivos para promover el acceso al Magisterio, y nos ponen como
ejemplo a Finlandia o Corea. Buenos deseos que podemos encontrar en muchos
discursos pero que son sólo palabras vacías, y no decisiones ni prácticas
políticas.
A pesar de todas las alertas, de las afirmaciones sobre
la importancia del profesorado, la tendencia en nuestro país es a reducir este
colectivo. Es decir, la creación de un contexto profesional no propicio para la
mejora de la calidad de la educación y que no permitirá combatir el fracaso.
¿Tendrá consecuencias en la finalidad de la educación, en el aprendizaje y la
educación de los niños y adolescentes? He ahí el problema que debemos analizar.
Hablemos de presupuestos. La recesión educativa
Es cierto que en los últimos 50 años se ha avanzado mucho
en educación. Se ha escolarizado a la población hasta los 16 años, han
aumentado los titulados en educación secundaria y universitaria[3]
y en 2009 habíamos llegado a dedicar el 5,03% del PIB, pero en los dos últimos
años hemos bajado el 1,5% y en la
actualidad estamos en el 4,79% el porcentaje del PIB dedicado a la
educación, lo que significa volver a la situación de 2008. ¿En qué se traduce
este recorte en la inversión? Pues en ajustes salariales, en reducción de
programas de apoyo y formación de docentes (el descenso de la inversión en
formación del profesorado en algunas comunidades es escandaloso)[4],
en reducción de profesorado recortando interinos y sustitutos (cinco
Comunidades Autónomas están aplicando ya esta medida y veremos cuántas más la
incorporan a corto plazo) que comporta más horas de clase y de presencia en el
centro educativo. Y por supuesto también se ven afectadas las infraestructuras
(es un país con muchos barracones que eufemísticamente son llamados aulas o
módulos prefabricados), el aumento de ratios y la reducción de gastos en temas
“sensibles” como el transporte escolar o las becas de comedor.
Cabe la posibilidad de considerar “minucias” estos
recortes y pensar que el Sistema Educativo, consolidado en los últimos 30 años,
es suficientemente potente para digerirlos. Es posible. Sabemos que, una vez
alcanzado un determinado nivel, no hay una relación directa entre el aumento
del gasto y el incremento de la calidad educativa, pero tampoco sabemos qué
sucede cuando se produce un recorte tan radical, aunque podemos suponer que no
nos va a traer nada nuevo. Es posible que haya elementos muy asentados en el
profesorado, su formación y su dedicación (que, a pesar de las críticas, es de
las mejores que se han tenido nunca), que podrán compensar con su esfuerzo el
peso del “ahorro”. Pero aunque tengamos un profesorado preparado para afrontar
algunos recortes, si se exceden pueden aparecer daños colaterales muy
importantes[5].
Analicemos las consecuencias.
Hablemos de las consecuencias de políticas erráticas
El primer pensamiento que surge es que la educación no es
importante para los políticos, que su fervor a la hora de describir los
beneficios de la educación a medio y largo plazo es falso. Lo mismo sucede con
sus declaraciones de amor hacia el profesorado, que en realidad sólo oculta la
idea de que el profesorado ha vivido hasta ahora en un limbo educativo y que su
tiempo se ha acabado. Es el famoso “y ahora verás”, tan típico de nuestras
latitudes. En definitiva, ni a la educación ni al profesorado se le da el trato
que merecen. Tanto hablar de informes como Pisa, tanto poner como modelo a
Finlandia o Corea, tanto esgrimir las estadísticas de la OCDE, del profesorado
como activo importante de la sociedad, de la urgencia en reducir el fracaso
(que ha aumentado en un 7% durante los últimos 10 años)…, y en poco más de un
año la excusa de la crisis convierte todo ello en un discurso vacío e
irritante. Otros países, algunos de los que los políticos mencionan como
ejemplo, evitan reducir la inversión en Educación y en Investigación y
Desarrollo. Por alguna cosa será. Aquí recortamos, suprimimos, y seguimos
argumentando que no sucederá nada, que mantendremos la calidad de la enseñanza,
que es lo mismo que decir que antes dilapidábamos los recursos. ¿Hacia dónde vamos?
¿Qué papel queremos interpretar en el siglo XXI?
Ante tanto despropósito, los más afectados serán los
alumnos en situación de riego social, inmigrantes recién llegados, miembros de
las clases más desfavorecidas, la mayoría de los cuales se concentra en la
escuela pública. Si se reduce la inversión en educación, a medio plazo
aumentará la pobreza económica y social, el desempleo y la marginación. Si el
“gasto” por alumno baja y se reduce la plantilla del profesorado en los centros
(y más en zonas de renta baja) aumentará el fracaso escolar por mucho que el
profesorado se esfuerce. Es interesante observar cómo algunos políticos han
realizado declaraciones públicas hablando de acuerdos con entidades de
asistencia social para paliar los problemas de ayudas al comedor o al
transporte. Algunos incluso han propuesto volver a la enseñanza de pago. Esos
mismos políticos rechazan algunos impuestos porque suponen una doble
imposición, al ganar el dinero y al crear un patrimonio. En cambio, aceptan que
los ciudadanos tengamos que pagar un servicio dos veces, en el impuesto que nos
descuentan de las nóminas y en el pago de un servicio básico, ya sea escolar o
sanitario, que el estado deja de facilitar. Y todo porque son unos pésimos
gestores, porque han derrochado nuestro dinero cuando no lo han malversado.
Por otra parte, hay una correlación evidente entre el
nivel de educación y la prestación de servicios sociales y económicos. Los
salarios de la población crecen en función del nivel educativo alcanzado y por
tanto es un factor de desarrollo de la economía. Según la OCDE, en la próxima
década sólo un 15% de los empleos serán de baja cualificación, cuando en España
tenemos más de un 30% de fracaso escolar, cuando un 20% abandona el
bachillerato y otro 25% no finaliza los estudios universitarios. Por tanto, la
no inversión en educación comportará a la larga una mayor tasa de desempleo,
una mayor cantidad de recursos dedicados a niveles asistenciales, y un menor
compromiso social y cívico (y sin pretender ser alarmista, un más que probable
aumento de la delincuencia y la marginación). Solo hay que mirar un mapa y
analizar la relación entre la inversión de los diferentes países en educación
(y en I+D+I) y su nivel de desarrollo y de convivencia social. La educación
cambia a las personas, mejora la cohesión social, influye en la calidad de vida
y en la salud, y es una fuente de satisfacción. Lo que en un momento dado no se
invierte en educación quizá deba invertirse posteriormente en mecanismos de
asistencia social o de represión social. (No hace mucho un ex ministro del PP
hablaba de la importancia que tendría el ministro del interior en el futuro
gobierno, ¡en qué estaría pensando!).
Una educación en crisis y un profesorado intensificado
por un exceso de trabajo supondrá, a medio plazo, altos costes para la
sociedad. Como repercusión inmediata conduce a un sistema educativo que puede
alcanzar altas cotas de ineficiencia, por los bajos niveles de rendimiento[6]
y por el alto índice de fracaso escolar. En lugar de avanzar, esta política
errática parece propia del cangrejo, caminamos hacia atrás, desandamos lo
andado, derruimos lo que costó tanto edificar.
Como dice el informe del Ministerio de Educación,
mencionado anteriormente, analizando los indicadores de la OCDE del 2011: “las
inversiones en educación generan importantes recompensas económicas en todos
los países”. Entonces ¿qué es lo que estamos haciendo?
¿Qué pasa? ¿Por qué nos mienten?
Al analizar las declaraciones de los responsables
políticos es fácil detectar que mienten sobre los recortes educativos. O
utilizan patéticos eufemismos para decir las cosas. Me resisto a escribir aquí
la conocida sentencia del cojo y el mentiroso, pero cuando los medios
reproducen lo que dicen ciertos responsables políticos para justificar los
recortes en la inversión (bueno, para ellos sólo es un gasto) en educación, uno
llega a pensar que no son conscientes de los tiempos en que vivimos. No quiero
decir que cuando no había teléfonos móviles, redes sociales, correo
electrónico, Internet, los ciudadanos se tragaran esas mentiras por ignorancia
o por falta de la capacidad de confrontarlas con la realidad, pero en la
actualidad es muy fácil comprobar que lo que dicen no se ajusta a la realidad o
que, como mínimo, la tergiversan y manipulan. Si conocieran al profesorado,
sabrían que son personas comprometidas socialmente y que quizá aceptarían una
verdad y unos argumentos constructivos y que aportarían su esfuerzo a salir de
esta crisis, pero el camino que se elige sólo consigue soliviantar e indignar a
tantos profesores y profesoras. Quizá, si en lugar de sólo recortar, se
dedicarán a elaborar políticas coherentes relativas al profesorado, y con el
profesorado, otro gallo nos cantaría.
Es cierto que la profesión no está exenta de problemas,
algunos de ellos endémicos. Hay una crisis global de identidad del magisterio que
se viene analizando desde hace mucho tiempo y que podría paliarse un poco si la
Administración educativa tuviera un plan a largo plazo para la Educación. Pero
está visto que no es así, que sólo son capaces de planificar a 4 años vista, de
elección a elección. ¿Qué se puede hacer?
Por una parte, encontramos una
formación que se mueve en un terreno resbaladizo, continúa bajo paradigmas
obsoletos y ante una gran incertidumbre por otra parte. Debería revisarse a
fondo la formación inicial del profesorado teniendo en cuenta los actuales
paradigmas de enseñanza y aprendizaje. Y desarrollar una nueva identidad
docente en el siglo XXI. ¿Qué significa ser docente en este siglo? Si queremos aumentar
la calidad de la educación hemos de aprender a cambiar el currículum, las
estructuras organizativas de los centros y las cuestiones didácticas en la
aulas. No es suficiente decir que hay que enseñar por competencias, que hay que
modificar el currículum y estructurar la escuela de forma diferente. Es
necesaria una profunda reflexión sobre un nuevo modelo de formación inicial del profesorado, que
ayude a establecer un nuevo papel como agentes de cambio educativo, cultural y
social. Hay que pasar a la acción.
Y si nos acercamos a la práctica
de escuelas e institutos, en contra de la percepción de muchos profesores y
profesoras, podremos observar que no hay una devaluación en la valoración
social. El profesorado en su conjunto está bien valorado, pero no se le
demuestra. Mejorar las relaciones con la familia, la comunidad y facilitar el trabajo y la mejora del
contexto (planes de barrio, trabajo comunitarios, relaciones con entidades…)
ayudaría a mejorar la educación de los ciudadanos.
También debería revisarse el
papel de los sindicatos de enseñanza y no me refiero aquí a los recortes en
liberados sindicales, sino al papel que deberían jugar en el desarrollo del
profesorado en la sociedad del siglo XXI. Quizá les sucede lo mismo que a la
formación que hay cierto empecinamiento en paradigmas obsoletos.
Cantidad y calidad, dos caras de
la misma moneda
Si la cantidad en educación es
importante, la calidad lo es mucho más. Como decíamos anteriormente, la
cantidad (escolarizar hasta los 16 años, etc.) no se asegura la mejora de la
calidad educativa. Quizá también deberíamos revisar el papel de las familias en
los hábitos culturales y de convivencia, en la disciplina, en la regulación del
ocio de los niños y adolescentes. Es cierto, como indican ciertos informes, que
ha aumentado la violencia verbal y física en
los centros escolares y en contra del profesorado. Es lo que denominados
relaciones negativas con el profesorado. Se debería realizar un exhaustivo
análisis de porqué pasa, dónde están los problemas[7]
y qué soluciones podemos arbitrar. Y seguro que no está en el trato que realiza
el profesorado en los centros.
Quizá el problema no esté en la
cantidad, aunque un exceso de recortes no seguro que aportará ningún beneficio
a la educación, como máximo y gracias al voluntarismo del profesorado seguirá
igual, es decir, mal. Pero si hablamos de calidad, deberíamos revisar tantas
cosas (las políticas públicas y sobre el profesorado) que deberíamos ponernos
manos a la obra antes que el tiempo nos demuestre la dificultad de avanzar, o
antes de quedar tan rezagados que repercuta en la convivencia social. Revisar
las condiciones pedagógicas, los contenidos curriculares, la formación inicial
y permanente, la forma de enseñar, los edificios inadecuados, las estructuras organizativas
caducas, o sea todo ese andamiaje sistémico que es la educación quizá nos
ayudaría a mejorar la calidad. Y establecer políticas y debates coherentes con
la realidad del siglo XXI. Seguro que a eso se apuntaría la mayoría. La
educación es cosa de todos.
[1] Realizado por el
Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS) bajo el título “Maestros y la
calidad de la Educación: evaluación de las necesidades globales para el año
2015”. El informe apunta que serán necesarios 18 millones más de docentes en la
próxima década para alcanzar el compromiso de que los niños crezcan
alfabetizados, tal y como se postula en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El informe evalúa como la cantidad de profesores afecta a la calidad de la
educación y explora vías para que los países en desarrollo mejoren el acceso
universal a la educación primaria, uno de los principales Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
[2] Ministerio de
Educación (2011) “Panorama de la educación”. Indicadores 2011. Septiembre.
Madrid.
[3] Actualmente los
titulados de 25 a 34 años en educación secundaria aún son el 40 % de la población pero solo un 22%
de los actuales estudiantes han completado la Educación secundaria. Y no
podemos negar el aumento en educación infantil a partir de los 2-3 años.
[4] Por ejemplo la Comunidad de Madrid en
julio de 2008 eliminó 23 centros de
Formación del profesorado y creando una nueva red de Centros de Formación bajo
mínimos, ver http://gestiondgmejora.educa.madrid.org, y la
Comunidad de Castilla-la Mancha ha eliminado
32 de los 33 centros de profesores.
[5] Datos en proceso
de Informe sobre Indicadores de la
Profesión Docente realizándose por el
Observatorio Internacional de la Profesión Docente (www.ub.edu/OBIPD).
[7] Que no están
únicamente en las relaciones el profesorado sino que son causa de los valores
trabajados en la familia, los modelos sociales de algunos medios de comunicación,
las normativas o burocracias que impiden encontrar soluciones colectivas.
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